Jueces oscenses contra EpC

El tribunal contencioso-administrativo de Huesca sentencia que unos padres de seis hijos de Barbastro tienen derecho a objetar a EpC (Educación para la ciudadanía). Pero no motiva su decisión con base en el derecho a objetar, sino que señala los aspectos de la asignatura que superan los límites constitucionales.

Entre otras cosas escriben:

"Se fija [en la orden aragonesa] como criterio de evaluación reconocer que los Derechos Humanos y la Constitución han de ser respetados en cualquier acuerdo así como la aplicación de estos principios en situaciones prácticas donde los alumnos demuestren haberlos asumido moralmente. Este criterio de evaluación supera el ámbito del artículo 27.2 de la CE ya que la asunción moral de un principio implica su aceptación".

Como decía aquel: Pero ¡¿esto qué es?! ¿Es algo más que un trabalenguas para justificar una decisión tomada de antemano? Puede ser que sean objetables algunos de los contenidos de la asignatura, pero decir que enseñar a los alumnos a discutir y llegar a acuerdos en respeto a la Constitución y los DDHH constituye un acto de injerencia estatal, parece una bobada. Si ni siquiera pueden hacer eso, no se sabe qué se podrá enseñar. Me pregunto cómo reciben esto los obispos que critican el relativismo. ¿Acaso no lleva esto al relativismo? ¿Acaso no garantizar la asunción de los DDHH por parte de los alumnos no conducirá a que cada cual se confeccione su propia lista de derechos individuales? Resulta grotesco que los propios jueces estén en contra de un proyecto educativo que busca garantizar que la adhesión de los ciudadanos a las leyes sea sincera.

Morir en casa

"Ayudar a morir", así se titula el libro de la Dra. Iona Heath que publica Katz. Ahí cuenta el caso de una señora ya mayor cuyo marido murió a medianoche y a la que sus parientes le preguntaron por qué no había llamado a la funeraria hasta la mañana. La mujer quería pasar la última noche con su esposo. Quería velarlo en calma, sin la intervención de las instituciones. Este ejemplo y muchos otros le sirven a la autora para reivindicar una experiencia de la muerte no medicalizada como la que se daba en las comunidades de otros tiempos, cuando todos debían lidiar con ella. Hoy, todos llamamos a la ambulancia al menor signo de peligro y eso puede suponer que nuestros parientes se mueran en la soledad fríamente acompañada de los hospitales o que se alargue la muerte en manos de la tecnología.

Es curioso encontrar el mismo argumento en un reciente libro de Camilo Ruini, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana desde 1991 hasta 2007, "Chiesa contestata": "la morte, di solito, non ha più luogo in famiglia -dove il morente era el centro dell'attenzione e della cura dei parenti e di tutto contesto degli amici e dei vicini- ma in ospedale, diventando in larga misura una questione per 'specialisti'". El obispo parece no darse cuenta de que con esta afirmación está señalando que la tecnología médica provoca situaciones en las que la muerte pierde su dignidad, lo cual le debería llevar a defender que en ocasiones es mejor morir bien en casa que alargar la agonía gracias a las máquinas. Pero, claro, la defensa a ultranza de la "sacralidad de la vida" por parte de la iglesia católica, el empecinamiento en considerar que es digno perder la autonomía, le impide ver las consecuencias que debería extraer de sus propias observaciones.

Los derechos y la democracia

¿Por qué todo el mundo opina sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Por qué se plantean prohibirlo? Si, como efectivamente sucede salvo pocas excepciones, todas las prohibiciones, es decir, todas las leyes, existen para defender a los individuos de eventuales daños o para resarcirlos de los mismos, entonces hay que señalar cuáles son los daños sociales o individuales del matrimonio entre personas del mismo sexo. Las discusiones suelen centrarse en el derecho de adopción. Unos estudios dicen que los niños pueden verse perjudicados por tener progenitores homosexuales, otros dicen lo contrario. Una demostración más de que, si bien se puede argumentar filosóficamente sobre la validez de las ciencias humanas, lo que pasa la mayor parte de las veces es que las investigaciones en humanidades parten de un presupuesto que posteriormente fuerzan sobre su objeto de estudio hasta confirmar precisamente aquello que se buscaba. Pero, dejando de lado cuestiones epistemológico-políticas de difícil valoración, lo que parece evidente es que el aumento de derechos y de sujetos de derechos es una corriente imparable de la política y jurisprudencia occidentales. Topa con obstáculos, es cierto, pero los conservadores claman en el desierto, pues saben que los derechos, una vez concedidos, no se pueden revertir a no ser que se apueste por un procedimiento no democrático. ¿Qué juez sentenciaría que un derecho concedido a los miembros de cierta minoría deja de estar vigente? ¿Se aplicaría retroactivamente?

La democracia nos ha llevado a esta situación al permitir, e incluso incentivar, la participación de las minorías en el proceso legislativo. No hay vuelta atrás. La sociedad no tiende a su conservación, sino a un futuro incierto.

Financiar las minorías

En pocos meses se iniciará la campaña del referéndum convocado en Suiza en contra de la construcción de minaretes. Los defensores de las esencias de Occidente se sienten mejor, sabiendo que sus colegas helvéticos mantienen el vigor para defender lo mejor de nuestra cultura. Pero, lamentablemente, el asunto no va por ahí, pues lo que deberían hacer esos supuestos defensores es averiguar qué es lo que realmente merece la pena defender. Descubrirían entonces que la libertad religiosa y el juicio informado son algunas de las instituciones y procedimientos que, éstos sí, valen su peso en oro.
El juicio informado permitiría distinguir entre el islam y el terrorismo, y ahuyentar las fáciles equivalencias entre ambos. En esta línea se expresaba el domingo pasado en un periódico suizo el presidente de la Federación de Organizaciones Islámicas de Suiza, Hisham Maizar, que, preguntado sobre si los musulmanes deberían recibir alguna financiación del Estado para informar sobre el verdadero islam, respondió: "Es una posibilidad opcional. De esta manera, los musulmanes podrían reforzar su comunicación con la sociedad. Esto sería bueno para Suiza. [...] Lentamente, Suiza debe reconocer que una minoría cada vez mayor no puede quedar desatendida, especialmente si los musulmanes aspiran a construir una casa de oración digna".
Es decir, la verdadera democracia no radica en que los ciudadanos puedan prohibir la construcción de minaretes (bajo el presupuesto falso de que no son únicamente un símbolo religioso sino también y sobre todo político, de ocupación), sino en que las minorías no se vean sometidas por la tiránica mayoría. Si eso requiere que, además, se repartan los impuestos entre las minorías para que todos puedan conocerlas mejor, es otra cuestión. Tal vez bastaría con no elevar barreras de participación y garantizar exenciones fiscales, como en los EEUU, porque en caso contrario se otorga un valor excesivo a lo que supuestamente sucede en los centros de oración, así como un poder de control al Estado que debilita su ya de por sí más bien endeble aspiración a la neutralidad.

¿Ética laica?

Me preguntan si es posible que exista una ética laica. La respuesta es "no". Lo laico es un arreglo institucional. Sí que es concebible una ética secular, sería la de aquellos que no necesitan la hipótesis de Dios para fundamentar sus principios o sus acciones. Lo que no es en modo alguno posible es que un Estado se fundamente en una ética laica, si acaso se puede considerar que un Estado es laico, en el sentido en que mantiene alguna forma de separación entre las iglesias y las instituciones del Estado. En realidad, un Estado no puede tener ninguna ética, pues la ética es algo que compete a los individuos. Lo que sí que debe tener es políticos que actúen de acuerdo a alguna forma de ética, por ejemplo, que no se corrompan o que no antepongan sus intereses personales a los del Estado. O, cuando menos, así debería ser si de lo que se trata es de preservar las libertades individuales.

Objeta por la jeta

Siguen aumentando las objeciones (o deberíamos decir mejor desobediencias) a Educación para la Ciudadanía (EpC). La mayoría de los juristas que han escrito sobre la cuestión parecen estar de acuerdo en que se trata de una vulneración del principio de neutralidad de los poderes públicos y de una injerencia en un asunto que compete exclusivamente a las familias. Es posible que desde un punto de vista exclusivamente legal y constitucional tengan razón, pero no parece razonable dejar que una cuestión tan importante sea cotejada sólo por los juristas y los jueces. En todo caso y hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie, algo se puede añadir al asunto.
Los críticos con la asignatura suelen citar un documento del PSOE en el que se pueden leer las siguientes palabras:

"La Constitución española del 78 no diseña una enseñanza valorativamente neutral sino que hace pivotar el sistema educativo sobre el deber de trasmitir y promocionar el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales como el modo más adecuado para consolidar y perpetuar la vigencia del propio régimen constitucional y la convivencia de todos."

"Los principios democráticos de convivencia", dicen. ¿Cuáles son? No pueden ser únicamente los que positiva la ley, pues entonces bastaría con enseñar la Constitución a los niños. Supuestamente están hablando de tolerancia, respeto y de educar contra toda forma de discriminación. Tal y como la han diseñado, la asignatura es discutible, porque amenaza con inmiscuirse en asuntos que no son de la competencia de las autoridades políticas. Sin embargo, el sesgo no discriminatorio desde el que enfocan la asignatura apunta a la ampliación de derechos para las minorías, a una reducción de las discriminaciones arbitrarias. No parece que semejante intención sea discutible, a no ser que a los padres objetores les parezca bien que algunos ciudadanos vean reducidas sus opciones vitales frente a la tiranía de una supuesta mayoría heterosexual y católica cuyos miembros afirman sentirse cómodos con el cuerpo que Dios les concedió al nacer.