Diálogo con la jerarquía católica

En el Elíseo, hace unos días, el presidente de la República Francesa pronunció, entre otras, las siguientes palabras:

"La laïcité positive, la laïcité ouverte, c’est une invitation au dialogue, à la tolérance et au respect. Dieu sait que nos sociétés, Très Saint-Père, ont besoin de dialogue, de tolérance, de respect, de calme. Eh bien, vous donnez une chance, un souffle, une dimension supplémentaire à ce débat public".

A su derecha el Santo Padre asentía. Pero ¿qué "dimensión suplementaria" aporta el Papa al debate sobre, por ejemplo, la bioética? ¿La dimensión de un dogma milenario administrado cuidadosamente por una elite eclesiástica? ¿O la dimensión de los millones de católicos a los que Ratzinger lidera? ¿O se trata de mera cortesía?

La cuestión radica en lo que se entienda por diálogo. Si el diálogo consiste en que todos los participantes estén dispuestos a revisar sus convicciones (excepto la convicción de que deben estar dispuestos a revisar sus convicciones) frente a toda evidencia que hable en su contra, entonces mal van a dialogar los jerarcas del catolicismo. ¿No?

¿Políticos católicos?

En la edición en papel de La Vanguardia se lee hoy el artículo semanal del cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach. Bajo el título "Tristeza ante una ley" leemos en su tercer párrafo:

"Dirijo mis palabras sobre todo a los legisladores católicos. [...] Los legisladores católicos, siguiendo los dictados de su propia conciencia, tienen un amplio ámbito de autonomía en la aplicación prudencial de las normas de su fe en la práctica política cuando se trata de temas que no tiene la gravedad de la cuestión que nos ocupa. Pero en el tema del aborto la conciencia queda gravemente comprometida en el sentido de hacer todo lo posible para que el derecho a la vida sea efectivamente reconocido en la legislación positiva de los Estados."

O sea que los políticos católicos tienen menor ámbito de maniobra que los que no son católicos. ¿Se puede dividir a los políticos entre católicos y no católicos? ¿Qué papel juega la conciencia de los políticos en su desempeño del cargo?

Podríamos responder que la conciencia no debe intervenir, pero eso sería una barbaridad, pues entonces podrían mentir y robar legítimamente. ¿Hasta dónde debe llegar la conciencia, entonces? Un principio que se podría establecer es que los dictados de la conciencia encuentran en la democracia un límite. Esto significa que cuando un legislador ve que hay una discrepancia entre su conciencia y el bien común tal y como lo define la mayoría de los legisladores, entonces debe actuar en contra de su conciencia, siempre y cuando encuentre motivos de peso para hacerlo así.

Lo que un legislador no puede decir es que sus principios le impiden buscar motivos de peso para apoyar una iniciativa legislativa concreta, y menos aún si resulta que durante el fin de semana se ha leído el artículo del cardenal y se siente, de repente, amenazado de excomunión.

Emisarios de la fe: Ratzinger y Erdogan

"La foi n'est pas politique et la politique n'est pas une religion".
Estas han sido las palabras destacadas por Libération poco después de que Benedicto XVI aterrizara en Orly.
La frase no significa nada en concreto, pero sirve para ratificar que la iglesia católica, aunque sólo sea formalmente, acata el principio de separación entre Estado e iglesia.
Salvando las distancias (expresión algo vaga con la que se pretende ocultar la más que probable demagogia de la comparación que viene a continuación), la visita del Papa recuerda en cierto modo a la de Erdogan en Alemania en febrero de este año. El jefe de gobierno turco afirmó que "la asimilación es un crimen contra la humanidad" y animó a sus compatriotas en Alemania y el resto de Europa a mantener su identidad turca (mencionó la lengua pero no la religión).
Dos jefes de Estado animando a sus fieles y a sus compatriotas respectivamente a mantener sus vínculos con otro Estado que aquel en el que viven. La asociación turca, Ditib, que dirige la construcción de la mezquita en Colonia, está financiada por el Ministerio para la religión turco. Nos encontramos así con un país supuestamente laico que contribuye al mantenimiento de la religión islámica en un país extranjero. Por otra parte, el Vaticano, otro poder extranjero, lucha por los derechos de sus fieles en todo el mundo y mantiene múltiples "embajadas" en casi todos los pueblos de Europa occidental.
Las diferencias entre ambas infiltraciones en la soberanía de los países europeos son muchas, pero la que destaca el orientalismo (cf. Said) imperante en nuestra manera de ver el mundo es que unos son cristianos y los otros musulmanes. Que unos son pacíficos y los otros terroristas. Que unos somos nosotros y los otros son, eso, otros. Ante esto hay dos alternativas: o ser tan ingenuos con el Islam como lo somos con los católicos, o temer a ambos por igual.

Objeción argumentada

Siguen las sentencias de los tribunales autonómicos sobre la objeción a la asignatura "Educación para la ciudadanía". Huelga decir que este asunto hace mucho que ha dejado de competer a la educación para convertirse en un motivo para escenificar las diferencias políticas. Además, su judicialización y la inexistencia de un criterio común a los diversos tribunales no ha hecho más que aumentar la desorientación ciudadana al respecto. Hace un tiempo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictaminó que los padres tenían derecho a objetar y que no tenían que argumentar su objeción quedando amparados en el artículo 16.2 de la Constitución Española según el cual “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”.
Informa hoy la prensa de una nueva sentencia, esta vez de Cantabria. Dice la noticia:

"La sala alega que los padres no han argumentado "mínimamente" por qué motivos la asignatura puede vulnerar sus derechos fundamentales a la libertad ideológica y de conciencia y subraya que con aducir la posible vulneración sin más concreción no es suficiente para aplicar la medida cautelar."

Sin conocer el resto de la sentencia, resulta ejemplar el argumento de los jueces, pues si no se aducen motivos para objetar a la asignatura, si simplemente se alegan motivos de conciencia sin decir cuáles son, se permite que los ciudadanos hagan el juego sucio de los partidos políticos. En cambio, obligando a los candidatos a objetores a argumentar su objeción se logran dos cosas, ambas buenas: que se ponga a prueba definitivamente la parcialidad o imparcialidad del temario de la asignatura, y que se realice un debate público sobre la cuestión sin que los políticos marquen el orden del día.

Por lo que se refiere a la imparcialidad de la asignatura y más allá de la probable torpeza de los redactores al enfatizar la cuestión de la "ideología de género", aún no se ha oído ningún argumento válido para oponerse a sus contenidos, como no sean argumentos no democráticos que, por definición, quedan descalificados.

Ofensas

Es natural que los códigos civiles protejan a los ciudadanos de los insultos. Así, en la sección 5 de la Public Order Act británica leemos que:

"(1) A person is guilty of an offence if he—

(a) uses threatening, abusive or insulting words or behaviour, or disorderly behaviour, or

(b) displays any writing, sign or other visible representation which is threatening, abusive or insulting, within the hearing or sight of a person likely to be caused harassment, alarm or distress thereby."

No hay ninguna referencia a los motivos de la ofensa, de modo que tanto pueden ser personales como religiosos. En el primer caso, es difícil no sentir simpatía por el ofendido, sobre todo si no se trata de un ciudadano con un cargo público. Sin embargo, cuando los motivos son religiosos se introduce un elemento de arbitrariedad que sólo las sentencias pueden en cada caso acabar normalizando.
Esto viene a cuento porque hace unos días una ciudadana cristiana se ha sentido ofendida por la imagen que encabeza este post y ha denunciado a la galería que la exhibe pues se siente ofendida y además considera que el único objetivo de la escultura de Terence Koh es provocar el desagrado de los cristianos.

Cabe suponer que el juez deberá decidir si la demandante está ofendida por motivos personales o porque se ha ofendido a su religión. En el caso de que sea la religión la ofendida, habrá que ver si esta puede ser representada por cualquiera de los fieles que a ella se adhieren.

Pero la cuestión legal no compete aquí. Sí, en cambio, las palabras de la demandante, la señora Emily Mapfuwa, que sostiene que "I don't think this gallery would insult Muslims in this way, so why Christians?" De nuevo el argumento de la reciprocidad. De nuevo el argumento de la violencia de los otros: dado que los otros son violentos (o eso se acaba creyendo a base de repetirlo), nadie se atreve con ellos, por qué entonces lo hacen con nosotros, ¿porque somos débiles?

Reciprocidad y trato igual para todos, reclaman los cristianos. Que se ofenda a todo el mundo o a nadie, pero nada de respeto selectivo. Eso dicen. Pero si se aplica la reciprocidad a rajatabla, entonces que sirva esto también para los privilegios. Ofensas para todos, pero laicidad abierta también y reconocimiento de todas las religiones. Esa es la alternativa.

¡Qué agonía!

"Andalucía multa al médico que alargue la agonía del enfermo": con semejante titular abre El País la edición de hoy. ¿Qué significa no alargar la agonía de un enfermo? No ensañarse terapéuticamente. No sostener lo que se está cayendo, dejar que se derrumbe lo que la naturaleza ya no puede mantener erguido. En nombre de la vida y de su santidad se pierde de vista que la vida está hecha para morir y que la gran mayoría llega un momento en que, nada más natural, desea que se acabe esta agonía.

Mezquitas y minaretes

La laicidad y la libertad religiosa no siempre conviven bien. Los defensores de la primera no siempre están de acuerdo en que el Estado garantice el ejercicio de la libertad religiosa pues en realidad creen que las instituciones laicas deben promover la secularización de la sociedad así como la progresiva privatización y, finalmente, desaparición de las religiones. Sin embargo, la laicidad topa con unos límites constitucionales que protegen a los creyentes de las euforias anticlericales de los laicistas inmoderados.
Basta ver los comentarios de los lectores al anuncio de la construcción de una mezquita enorme en Colonia (Alemania). La mayoría del consejo municipal aprobó la construcción de la mezquita promovida por la asociación islamo-turca Ditib. Debe quedar claro que simplemente se les ha concedido el derecho a construir un edificio de culto en un terreno propio y que no se les ha dado ninguna subvención, pues la mencionada asociación cuenta con fondos procedentes del gobierno turco. El argumento de los opositores, tanto el CDU (con la excepción del alcalde) como la asociación populista de derechas Pro Köln, sostienen que no se trata de un proyecto de integración de los ciudadanos musulmanes sino de una “demostración de poder”. Frente a los políticos que defienden el derecho de los musulmanes a no verse obligados a practicar su culto en sótanos o en patios interiores y que confían en que la mezquita se convierta en un símbolo más de Colonia, los opositores arguyen que se trata de un paso más en la islamización de Europa promovida por gobiernos extranjeros como Turquía.
La palabra clave que repiten los opositores a la construcción de la mezquita es “islamización”. Incluso en Alemania, en donde la xenofobia apenas puede ser expresada en público como es el caso en Dinamarca u Holanda, la derecha está empezando a decir las cosas claras. El sentimiento de culpa del nazismo se va difuminando y las palabras gruesas contra los inmigrantes ya no son monopolio de los radicales sino también de algunos cargos públicos. Cada vez se habla más claramente, se señala a los extranjeros, en especial a los musulmanes, con menos escrúpulos. La islamización es vista como una pérdida de las raíces del país, como una mezcla que acabará con Alemania entendida en términos de pureza nacional. El discurso, ciertamente, se apoya en el vínculo entre Islam y terrorismo. Se rechaza toda manifestación pública de los musulmanes, y se recurre al miedo, al discurso orientalista, a la imagen del Otro amenazante.
Se dirá que el discurso a favor de la construcción de la mezquita, o mejor, el discurso a favor del ejercicio equitativo de la libertad religiosa de los ciudadanos de diversas confesiones, no es más que pensamiento bienintencionado que no toma en consideración las eventuales consecuencias negativas que este asunto puede tener en un futuro que, no lo olvidemos, nadie conoce. En el caso alemán Wolfgang Schäuble, el ministro del interior que ha defendido en múltiples ocasiones el derecho de los musulmanes a ejercer su fe en público y a disponer de lugares de culto dignos, ha tenido que responder a los que le acusan de legislar desde los remordimientos y el sentimiento de culpa de los alemanes, sin prestar atención al hecho de que el islam constituye un peligro real.


Hace un par de días, un “artista” que responde al nombre de Gianni Motti, ha instalado un minarete blanco en el tejado de un museo en la pequeña localidad suiza de Langenthal. Se trata de un happening o de una instalación en el marco de una exposición artística que supuestamente pretende suscitar un debate sobre la tolerancia de los ciudadanos ante los símbolos religiosos ajenos. Con la excusa de los permisos de obras y la seguridad ciudadana, las instituciones de la zona se están planteando impedir que el minarete siga instalado durante las tres semanas que dura la exposición. Les parece una broma de mal gusto. Algo innecesario. Una ofensa, casi. Las susceptibilidades están también alteradas en el bando cristiano.
La oposición a los minaretes y a las mezquitas se basa en el miedo a unas eventuales consecuencias maléficas para el orden constitucional europeo. El pueblo quiere que el legislador tome en consideración su miedo y legisle de manera preventiva. Pero el miedo está también de la otra parte. Véase, por ejemplo, el argumento del gobierno suizo que aconsejará el “no” a la iniciativa en contra de la construcción de minaretes entre otros motivos porque podría convertir al país en una víctima de atentados terroristas.
Pero, aunque no siempre lo parezca, en ocasiones vivimos bajo el imperio de la ley. Y ésta garantiza el derecho igual a practicar los cultos, de modo que la laicidad no tiene otra alternativa que interpretarse de manera positiva o radicalizarse tanto como aquello que pretende combatir.