España: país desecularizado

"Finalmente, y por lo que se refiere al reconocimiento y protección de derechos, y con el objetivo de avanzar en la condición de laicidad que la Constitución otorga a nuestro Estado, nos proponemos revisar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para adecuarla a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso que caracteriza a la España de Hoy."

Con estas palabras, la vicepresidenta del gobierno de España incluía una revisión de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa en los planes para la presente legislatura.

La formulación de la vicepresidenta de que la laicidad es lo mismo que la aconfesionalidad tal vez no sea discutible en términos jurídicos, pero sí que constituye una elección ideológica que a buen seguro no satisfará más que a los que ya lo estén con este gobierno. Pero esta es una cuestión menor. El anuncio de la reforma ha sido leído desde las filas laicistas de la sociedad como una buena noticia que, suponen, reducirá la presencia de las religiones en el espacio público y ahogará lentamente las aspiraciones económicas de la iglesia católica. Sin embargo, no es esa la finalidad de la reforma. Cualquier reforma que se haga de la ley buscará respetar la libertad religiosa considerada como derecho humano. Esto implica que se facilitará la cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas, que se garantizará el ejercicio de este derecho por parte de las confesiones minoritarias y que, en definitiva, se incluirá a más beneficiarios de todo tipo de ayudas económicas para ejercer sus derechos de conciencia (libertad de reunión y de culto). El gobierno ya tiene una fundación dedicada a este asunto y la nueva ley no puede tener otra finalidad que reconocer las necesidades religiosas de los ciudadanos que las tengan.

De modo que el "viaje a la laicidad" del gobierno no es un viaje secularizador de la sociedad. No se trata ahora de que el gobierno nos eduque para deshacernos de las cadenas de la supersitición religiosa como quieren tantos, ni de que se reduzca el ámbito de influencia de las religiones en la vida pública, sino al contrario, que cada cual pueda expresarse libremente y ejercer sus obligaciones confesionales sin interferencias ni estatales ni sociales. Cualquier reconocimiento de la libertad religiosa por parte de un Estado que se considera garante y protector del ejercicio de esa libertad implicará la colaboración con las religiones.

En un libro que acaba de aparecer, cuyo autor prefiero no mencionar, se lee: "La democracia liberal, que por definición tiene que respetar la libertad de religión de cada uno de los ciudadanos, no puede favorecer ni privilegiar ni discriminar a ninguna religión particular." Ergo, como no puede relacionarse de ningún modo en particular con ninguna religión, la solución sería o no relacionarse en absoluto con ninguna o relacionarse por igual con todas. Sepan los laicistas combatientes que no será la primera la opción que este gobierno elegirá. La desecularización se ha institucionalizado en España.

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No es su mejor tema (ni su mejor época), y en realidad es una pena que las condiciones de su país le llevaran a escribir y componer sobre política, pero es un trabajo sucio y alguien tiene que hacerlo. Con todo, ya quisiéramos aquí unos pocos críticos de la connivencia inteligentes, mordaces y no necesariamente progres. Véanlo (fue en Barcelona, hace ahora veinte años y algunos tuvimos la suerte de estar ahí). Y ya que están, esto y esto y esto y esto también sonó ese día.