Libertad, esta es la palabra

Un diario dice:

"Quiero celebrar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya admitido la objeción de conciencia [a Educación para la Ciudadanía]. Es un triunfo de la libertad, de los padres y de las madres y de las familias españolas", ha afirmado Rajoy durante un mitin en Vigo.

"¡Libertad! ¡Libertad!", coreó entonces el auditorio. Y Rajoy se refirió de nuevo a la asignatura en cuestión -que en su día fue avalada por el Consejo de Estado-: "Libertad, esta es la palabra. Yo quiero educar a mis hijos como yo quiero. No me tiene que decir ningún burócrata cómo educarlos".

La sentencia del, así llamado, TSJA se basa sobre todo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Una de las motivaciones aducidas se refiere a la carga metafísica y no política (como dice Rawls) del Real Decreto, que "emplea conceptos de indudable trascendencia ideológica y religiosa como son la ética, la conciencia moral o los conflictos morales". A buen seguro que el redactor o redactores de esos párrafos del Real Decreto (se dice que tiene el sello de Peces-Barba) sopesaron la introducción de palabras como "ética", pero al final no tuvieron más remedio que añadirlas, pues sólo así daban razones de su proceder. "Indudable trascendencia ideológica y religiosa": ¿acaso hay algo que no tenga esa trascendencia? Cualquier ley acarrea un pesado lastre de metafísica, de trascendencia (por usar este impreciso término en manos de unos jueces cuyo fuerte no es la redacción). Cualquiera que defienda una teoría de la justicia y que la tenga presente cuando redacta leyes está al mismo tiempo afirmando que lo que hace está bien, pues en caso contrario no lo haría. Y para que la democracia sea real (en su forma normativa que es su única forma de realidad), los ciudadanos están obligados a sustentar sus actos guiados por lo que creen que está bien. Lo único que existe son las justificaciones que esgrimimos unos frente a otros. Es lo único visible. Es lo que nos debemos los unos a los otros, lo que nos hace controlables unos a otros, intersubjetivamente.

Pero aunque esto parezca bien simple e incluso acorde con la legislación de los Estados democráticos resulta que no es así. La sentencia del TSJA cita el artículo 16.2: “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. La función de este artículo está clara. Pero su uso aquí es espurio, pues la obligación de la que hablan es legal, mientras que la obligación de justificar las propias opiniones ante los interlocutores en una democracia es, por así decir, republicana, una virtud ciudadana. Así, los que aducen sus creencias para que sus hijos puedan objetar a la educación para la ciudadanía, pueden hacerlo sin dar razones de su proceder, escudándose en que ellos tienen un derecho, pero sin indicar en qué puntos lo que se va a enseñar en esa asignatura se contradice con lo que ellos quieren enseñar en su casa. Las razones, claro está, son políticas y no ideológicas, pues las virtudes que se pretenden “inculcar”, según el Real Decreto, son las que todos desearíamos que tuvieran nuestros vecinos: civismo con buenas razones. Si estuvieran obligados (republicanamente) a dar razón de su objeción se evitaría que la libertad individual y negativa se acabe convirtiendo en el altar donde se sacrifica a la sociedad.

La targeta sanitaria, patente de ciudadanía

Hay partidos políticos que parecen pensados para cambiar de opinión con el viento. Observamos así que el partido nacionalista e independentista Esquerra Republicana de Catalunya ha cambiado de rumbo en los últimos años con una periodicidad y asiduidad que tiene a sus bases tan desorientadas como satisfechas con las progresivas cuotas de poder que han ido consiguiendo en las últimas elecciones (un éxito en decadencia, por cierto). El último cambio de rumbo operado supone un abandono del esencialismo nacionalista en el reconocimiento de la ciudadanía. Según el último movimiento de su cabecilla, el ínclito Josep Lluís Carod-Rovira, son ciudadanos de Cataluña y, por tanto, podrían participar en un eventual referéndum por la independencia del territorio previsto, según este partido, para 2014, los que están vinculados administrativamente con la Generalitat de Catalunya. Los motivos del referéndum no nos interesan aquí, sobre todo porque son cuestiones sometidas a las coyunturas políticas a las que suelen ser tan sensibles los políticos, que viven en perpetuo vaivén sometidos al oleaje caprichoso de las mayorías y de las minorías, de los votos de más y de menos.

Lo interesante es que en el caso que efectivamente se pudiera hacer este referéndum que por ahora (y por muchos años) sólo es ficción, habría que determinar quién podría votar. Esta cuestión no suscita problemas en los Estados consolidados, pero sí en las, así llamadas, naciones sin Estado, que no disponen de certificados que acrediten la nacionalidad de sus ciudadanos, sino sólo su filiación en relación con el Estado del que justamente se quieren independizar. Además, dado que en el siglo XXI ya no sirven las explicaciones de índole étnica, cultural o lingüística, el vínculo administrativo se convierte en una patente de ciudadanía que cumple con los mínimos requisitos de inclusividad de las sociedades liberales en tanto que trata de antemano a los ciudadanos como iguales sin hacerlo en virtud de su ascendencia:

La entrevista con Carod (a cargo de Jordi Barbeta y Francesc Bracero) y la cita:

“¿A quién se convocará en ese referéndum?

A la Catalunya real. El elemento que identifica a sus miembros es la tarjeta sanitaria catalana, el único elemento que está por encima de nacionalidades, de ciudadanías.

¿Eso incluye a los inmigrantes, aunque no tengan legalizada su residencia en España?

Quiero dar el derecho a poder decidir el futuro del país de acogida a aquellos que hoy ya son catalanes de hecho, aunque legalmente quizás no lo sean de derecho. Sean árabes o latinos, africanos o chinos, podrán votar en el referéndum de independencia del 2014. Y estos 7,5 millones de catalanes ¿qué elemento tienen en común?: La tarjeta sanitaria. Claro que habría que fijar un periodo mínimo de residencia previa en el país para poder ejercer ese derecho.

¿Usted cree que el derecho de voto de los inmigrantes reúne el consenso en Catalunya?

Probablemente es uno de los problemas que tendremos que superar. La fecha del 2014 no fue improvisada. Tiene la ventaja de que nos queda tiempo suficiente para superar éste y otros obstáculos.

Parece que ya no le preocupan las esencias patrias.

No soy un especialista en esencias. A mí me gusta observar la realidad y, sobre todo, imaginarme el futuro. Lo que tenemos diferente estos siete millones y medio de catalanes es el pasado. Lo único que tenemos igual es el presente, y lo que más nos conviene es compartir el futuro.”

La propuesta parece un brindis al sol, pero en términos teóricos supone un desarrollo coherente del llamado “nacionalismo cívico”, es decir, el que defiende los derechos de una nación (si bien aquí habría que desarrollar en qué medida es Cataluña una nación y qué criterios adoptamos para atribuirle tal carácter) sin discriminar a los ciudadanos que habitan el territorio, antes bien con la intención de luchar por ampliar sus derechos y de luchar porque se satisfagan sus necesidades.

Esto podría ser lo que dice el bueno de Carod. Pero, como es sabido, los políticos hablan en lenguas que no son las de la razón ni las de la teoría ni las de la buena fe. De modo que ya podemos nosotros rompernos la cabeza para intentar entender lo que dicen y buscar ideas en sus discursos hueros, que no tardarán en refutarse y refutarnos con sus actos, sus volantazos y sus intereses partidistas.

Dicho esto, la idea parece buena y coherente con ciertos principios morales y con los derechos humanos. El referéndum como tal resulta una idea, cuando menos, absurda, pero sólo por la novedad que supondría dejar que los extranjeros votaran en igualdad con los indígenas, sólo por eso, ya valdría la pena vivirlo.