Libertad, esta es la palabra

Un diario dice:

"Quiero celebrar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya admitido la objeción de conciencia [a Educación para la Ciudadanía]. Es un triunfo de la libertad, de los padres y de las madres y de las familias españolas", ha afirmado Rajoy durante un mitin en Vigo.

"¡Libertad! ¡Libertad!", coreó entonces el auditorio. Y Rajoy se refirió de nuevo a la asignatura en cuestión -que en su día fue avalada por el Consejo de Estado-: "Libertad, esta es la palabra. Yo quiero educar a mis hijos como yo quiero. No me tiene que decir ningún burócrata cómo educarlos".

La sentencia del, así llamado, TSJA se basa sobre todo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Una de las motivaciones aducidas se refiere a la carga metafísica y no política (como dice Rawls) del Real Decreto, que "emplea conceptos de indudable trascendencia ideológica y religiosa como son la ética, la conciencia moral o los conflictos morales". A buen seguro que el redactor o redactores de esos párrafos del Real Decreto (se dice que tiene el sello de Peces-Barba) sopesaron la introducción de palabras como "ética", pero al final no tuvieron más remedio que añadirlas, pues sólo así daban razones de su proceder. "Indudable trascendencia ideológica y religiosa": ¿acaso hay algo que no tenga esa trascendencia? Cualquier ley acarrea un pesado lastre de metafísica, de trascendencia (por usar este impreciso término en manos de unos jueces cuyo fuerte no es la redacción). Cualquiera que defienda una teoría de la justicia y que la tenga presente cuando redacta leyes está al mismo tiempo afirmando que lo que hace está bien, pues en caso contrario no lo haría. Y para que la democracia sea real (en su forma normativa que es su única forma de realidad), los ciudadanos están obligados a sustentar sus actos guiados por lo que creen que está bien. Lo único que existe son las justificaciones que esgrimimos unos frente a otros. Es lo único visible. Es lo que nos debemos los unos a los otros, lo que nos hace controlables unos a otros, intersubjetivamente.

Pero aunque esto parezca bien simple e incluso acorde con la legislación de los Estados democráticos resulta que no es así. La sentencia del TSJA cita el artículo 16.2: “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. La función de este artículo está clara. Pero su uso aquí es espurio, pues la obligación de la que hablan es legal, mientras que la obligación de justificar las propias opiniones ante los interlocutores en una democracia es, por así decir, republicana, una virtud ciudadana. Así, los que aducen sus creencias para que sus hijos puedan objetar a la educación para la ciudadanía, pueden hacerlo sin dar razones de su proceder, escudándose en que ellos tienen un derecho, pero sin indicar en qué puntos lo que se va a enseñar en esa asignatura se contradice con lo que ellos quieren enseñar en su casa. Las razones, claro está, son políticas y no ideológicas, pues las virtudes que se pretenden “inculcar”, según el Real Decreto, son las que todos desearíamos que tuvieran nuestros vecinos: civismo con buenas razones. Si estuvieran obligados (republicanamente) a dar razón de su objeción se evitaría que la libertad individual y negativa se acabe convirtiendo en el altar donde se sacrifica a la sociedad.

Más Mahoma

(*)

Hoy los diarios daneses han vuelto a reproducir la viñeta dibujada por Kurt Westergaard y publicada en Jyllands-Posten (JP) hace ya más de dos años. Incluso Berlingske Tidende que hasta ahora aún no lo había hecho. Josep Ramoneda lo comentó ayer en el acto de presentación de la revista Quaderns del CAC, dedicada justamente al "derecho a la burla": las caricaturas son malas y él no las habría publicado, pero una vez iniciada la, así llamada, "crisis de Mahoma", entonces sí que lo habría hecho. (Algunos periódicos se preguntan si volverá a resurgir la crisis con motivo de estas nuevas publicaciones y, si es así, cuales serán los costes económicos para la industria danesa que en septiembre de 2007 ascendía a unos 260 millones de euros de pérdidas en exportación).

Un día después de que arrestarán a dos tunecinos y a un danés al que todos los periodistas añaden el calificativo "de origen marroquí", las páginas de opinión tienen un tema obligatorio: la libertad de expresión.

Sin embargo, antes de pasar a semejante asunto, vale la pena destacar la suerte que han corrido los sospechosos detenidos por el servicio de espionaje danés la madrugada del martes en unos bloques de edificios del extrarradio de Aarhus conocidos a principios de los noventa con el nombre de Bistanbul, apelativo en el que se combina la referencia a Estambul con el nombre de las ayudas estatales a las personas sin empleo (bistandshjaelp). Al autobús que pasa por allí se lo conocía entonces como el "expreso del ajo", por el olor a ídem que desprendían los iraníes, marroquíes, turcos, palestinos y otros que lo utilizaban. A la mañana siguiente de los arrestos los habitantes de Gellerupparken, que así se llama, desconocen lo sucedido, se irritan por la mala fama que esto les reportará y algunos llegan a musitar que no piensan decirles a los periodistas lo que realmente piensan no vaya a ser que los envíen a Guantánamo (esto último, según una crónica de JP). Pues bien, la suerte de los detenidos: los tunecinos serán expulsados del país inmediatamente, sin juicio, sin más pruebas que las aportadas por los servicios secretos y sin posibilidad de defender su inocencia, en aplicación, supongo, de alguna ley de nuevo cuño aplicable a los extranjeros que cometen delitos o que participan en actividades terroristas, en la línea de la archiconocida Patriot Act americana.(**) Por su parte, el danés ha sido puesto en libertad, supuestamente porque no ha cometido más delito que la preparación de uno (siendo, además las pruebas poco sólidas) y, tras la detención, ha quedado ya desactivada su capacidad delictiva, así dice, Jacob Scharf, jefe del espionaje (PET):

"No hemos querido correr un riesgo innecesario y por ello hemos decidido intervenir en una fase muy temprana para impedir la planificación y la ejecución del asesinato. Así pues, la operación nocturna debe ser vista, en primer lugar, como una actuación preventiva cuyo objetivo era impedir que se cometiera un infracción de la ley."

Esta actitud preventiva se observa en la modificación de muchos hábitos de la comunidad danesa, como es la proliferación de guardas de seguridad en las sedes de los periódicos y de dispositivos que dificultan la entrada en edificios oficiales. También se observa en los guardaespaldas con los que llevan meses conviviendo el dibujante de 73 años y su esposa.

Pero el gran tema, al parecer, es la libertad de expresión y la solidaridad con los amenazados.

Los progresistas de Politiken dicen que "con independencia que JP en su momento usó la libertad de expresión de manera poco inteligente y con consecuencias perjudiciales, tiene derecho a una solidaridad incondicional cuando se la amenaza con el terror". Los cristianos de Kristeligt Dagblad repiten la letanía de la libertad de expresión como fundamento del resto de libertades y apenas muestran preocupación por los excesos que puede provocar una aplicación demasiado estricta de la legislación antiterrorista. Naturalmente, JP es el diario que más conclusiones saca de este asunto y viene a decir que esto no es más que un primer paso hacia el oscurantismo y la claudicación en manos de los fundamentalistas y fascistas, preguntándose, para acabar, dónde están los musulmanes moderados y por qué no dicen nada. Si bien en sus argumentos no hay nada irrazonable, sí que resulta cuando menos preocupante el sesgo que adoptan, que, como ya han demostrado varios estudios recientes, consiste en saltarse las normas de la corrección política para luego decir que es una heroicidad hacerlo y que nadie, excepto ellos, se atreve Con esta estrategia no hacen otra cosa que seguirle el juego a los populistas de derechas (Dansk Folkeparti).

La libertad de expresión puede servir, claro está, para dejar de lado la hipocresía y gritar bien fuerte que ya basta de tanto extranjero. No es, ciertamente, un uso muy edificante, pero, aunque sólo sea por coherencia, habrá que luchar porque los energúmenos puedan ejercer de tales en público.

Para acabar: los países pequeños como Suiza, Noruega, Dinamarca u Holanda sólo aparecen en la prensa ya sea para celebrar a sus casas reales o para denunciar la xenofobia y el populismo de derechas. Habría que recordar a los lectores que en esos sitios no siempre las personas muerden a sus perros.

(*) (Nota políticamente correcta) Sólo por solidaridad se entiende la reproducción de esta caricatura cuya calidad artística o satírica no puedo valorar. Sí puedo, en cambio, reprocharle al autor la utilización de la profesión de fe musulmana en el turbante, pues, como es sabido, se trata de algo más que palabras. A mí, la verdad, no me habría parecido un sacrifico haber presentado el mismo dibujo sin esas palabras que, sin duda, son ofensivas cuando son utilizadas por un perro infiel.

(**) Poco después de escribir esto salen nuevas noticias en las que se sostiene que los tunecinos pueden, si así lo quieren, solicitar un juicio para evitar ser expulsados, con lo que el alarmismo que había cundido motivado por la desprotección legal de los sospechosos extranjeros de terrorismo se ve atemperado por un sistema legal que, a pesar del terrorismo, mantiene sus garantías jurídicas. Se trata de seguir comportándose democráticamente, decentemente, a pesar de todo, para refutar así a Schmitt y quedarse con Habermas, por así decir.

Benedetto sei la nostra Sapienza

Decían en La Vaguardia hace unos días que el embrollo de la Sapienza y el Papa se debía a una cita de Feyerabend que alguien leyó con ánimo predispuesto y que Ratiznger había incluido en uno de sus discursos. No he encontrado el discurso en cuestión, sólo los "argumentos" de los profesores que se opusieron a la visita del Papa.
Tampoco he encontrado la cita de Feyerabend. Todo parece, sin embargo, un concurso de malentendidos, sobre todo porque el filósofo de la ciencia se suele asociar a cierto relativismo que, como es sabido, es aquello a lo que se opone el Papa.
En todo caso, algunas de las pancartas que ondearon en domingo en la Plaza de San Pedro parecen darle la razón a los que se oponían a la visita del Papa.

Pero, a fin de cuentas, algo repulsivo hay en los universitarios reunidos para evitar que alguien hable, aunque sea el Papa. Cabe suponer que la cita de Feyerabend se explica como una comprensión contextualista del concepto de razón, algo con lo que muchos de los universitarios que se oponen a la visita del Papa seguro que estarían de acuerdo, en especial los lectores más flácidos del pensiero debole.

Freedom requires religion just as religion requires freedom

Así de claro se expresa Mitt Romney, uno de los candidatos republicanos a la presidencia de los EEUU. La semana pasada conferenció con toda la parafernalia propia de los yanquis con la intención de atraer el mayor número posible de votos de los conservadores americanos suspicaces de su fe mormona. Ese parece ser que es su hándicap para ganar las elecciones. De ahí que su discurso, con el título “Faith in America”, fuera un canto a la unidad de los creyentes, sean estos de la fe que sean.

Destaca que, aunque acepta y no piensa vulnerar la tradición estadounidense de separación de Estado e Iglesia, defiende la presencia pública de la religión como elemento propio de la sociedad americana. Pero la afirmación le lleva a excluir a los ateos o increyentes o no creyentes del juego de la libertad. “La libertad es requisito de la religión del mismo modo que la religión es requisito de la libertad”. ¿Dónde quedan pues los ateos? Esos no le votan o, en todo caso, si han oído bien el mensaje, que sepan que la libertad, según el tal Romney, no va con ellos.

Algunos periodistas lo han comparado con JFK, que en un célebre discurso se defendió de los que lo atacaban por su catolicismo, y aprovechó para reconocer el derecho de todos los americanos a asistir o no a la iglesia:

“I believe in an America where religious intolerance will someday end--where all men and all churches are treated as equal--where every man has the same right to attend or not attend the church of his choice”

El discurso de JFK no sólo es más elegante, sino que en la distancia entre ambos se pone de manifiesto el auge de la tendencia teocrática en los EEUU. Por mucho que Romney se esfuerce en declarar su fidelidad a los principios de división entre iglesia y Estado, el discurso privilegia a los creyentes. Los ateos siguen siendo gente en la que no se puede confiar, pues no tienen asideros morales. De ahí que Dawkins y Dennet escriban libros tan gruesos que en la Europa continental nos parecen exagerados y obvios, mientras que los yanquis aún se escandalizan con el ateísmo, como señoras victorianas a las que se les suelta el refajo de tantas picardías como se cuentan a la hora del te.

La negación del genocidio

La negación de un hecho sin emitir juicios de valor tiene que ver, según los magistrados de los que hablaba en el anterior post, con la libertad científica, lo cual en nuestro caso se basa en el supuesto de que la historia es una ciencia (idea reconfortante tras tanta deconstrucción de los hechos e intertextualidad de los documentos). Sin embargo, la argumentación no se apoya en la libertad científica, sino en el vínculo que cabe establecer entre la negación del genocidio y la amenaza a las minorías. Según los magistrados no es posible establecer un vínculo semejante en el caso de la negación, pero sí en el de la justificación, de ahí que decidan la supresión de la primera y no la de la segunda. Consideran que la justificación raya con el discurso del odio el cual ha sido objeto de jurisprudencia europea y considerado de forma unánime como un uso injustificado de la libertad de expresión, o mejor, un uso de la libertad de expresión que no se atiene a su verdaderos fines, a saber, la discusión pública en la que no se amenaza a los individuos.

No hay duda de que para llegar a esta interpretación hay que entender la justificación de manera restrictiva. Es decir, justificar no es explicar, no es comprender, no es perdonar, sino que justificar se entiende aquí como dar pábulo, apoyar e incentivar. Como dice la sentencia la justificación equivale a “incitación indirecta”.

Los votos particulares en contra de la decisión son muy instructivos. Los más punzantes son los que se refieren justamente a las circunstancias sociales presentes en las que “no puede negarse el rebrote” de actitudes xenófobas o discriminadoras. Sostienen algunos de los cuatro magistrados que discrepan de la decisión mayoritaria que, con la declaración de inconstitucionalidad de la negación, España se aleja de la más reciente legislación europea al respecto, pretendiendo emular un modelo como el americano, en el que, por cierto, no hay antecedentes históricos que reclamen la protección de las minorías frente al discurso del odio, como sí existen, y no es necesario mencionarlos, en nuestro continente.

Otro de los argumentos ofrecidos en contra de la sentencia consiste en sostener que si se define la justificación como “incitación indirecta” (como dice Pascual Sala Sánchez), esta misma definición se podría aplicar a la negación, la cual sólo un ingenuo consideraría que pretende colaborar a la discusión histórica, ergo científica, sino que su naturaleza es política o, para no desprestigiar este término, delictiva.

Diletantismo constitucional

Me refería el otro día a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la negación del genocidio que se había introducido en el Código Penal (607.2) en 2003. Paso a citar algunos de los puntos de la sentencia.
En primer lugar lo que afirmaban las partes que consideran constitucional este artículo:

“La conducta sancionada por el art. 607.2 CP, consistente en difundir ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen el genocidio, no puede ser interpretada como una modalidad de apología del genocidio; no obstante, ambos defienden la constitucionalidad de dicho precepto por considerar que el derecho a la libertad de expresión no puede ofrecer cobertura a los mencionados comportamientos. A su modo de ver, la negación o justificación de un genocidio encierra un peligro potencial para bienes jurídicos de la máxima importancia y, por ello, no puede considerarse amparada por el derecho a la libertad de expresión. Dicho peligro potencial supondría, además, justificación suficiente para su punición, sin que ello supusiera confrontación alguna con el principio de intervención mínima propio del Derecho penal.

Esto es, a pesar de que el Derecho Penal parte del principio de intervención mínima y, por tanto, protege por norma el derecho a la libertad de expresión en los casos en los que este entra en conflicto con otros derechos, a pesar de esto, el peligro potencial que suponen las justificaciones y negaciones del genocidio justifican (valga la redundancia) que se limite la libertad de expresión. El debate es, pues, menos importante que el peligro. Un peligro que afecta a la estabilidad del sistema democrático así como a los derechos de las minorías religiosas, étnicas o raciales.

Frente a esta argumentación los magistrados que han apoyado la sentencia de inconstitucionalidad sostienen que

“nuestro ordenamiento constitucional no permite la tipificación como delito de la mera transmisión de ideas, ni siquiera en los casos en que se trate de ideas execrables por resultar contrarias a la dignidad humana”.

La palabra clave es “mera”, “mera transmisión”. Distinguen, pues, los magistrados entre transmitir una opinión y azuzar a alguien para que haga algo en contra de la dignidad humana. El argumento se basa en la superioridad de la Constitución sobre el Derecho Penal, debiendo éste estar siempre subsumido a aquella.
Sin duda este argumento depende de las circunstancias sociales. Cabe suponer que si existieran efectivamente colectivos que estuvieran amenazados por los negadores y existiera la posibilidad que estos colectivos fueran “incitados” a abandonar el país, entonces la jurisprudencia iría en otra dirección. La decisión depende pues del grado de estabilidad y paz social en la que se lleva a cabo la expresión de estas “ideas execrables”. A fin de cuentas, la Librería Europa lleva muchos años en Barcelona y la gente pasa pacíficamente por delante, e incluso puede entrar a discutir con el tal Pedro Varela y sólo verá a unos pocos neonazis entrar en la tienda y salir de ella desplegando una esvástica recién adquirida como tuve la oportunidad de contemplar yo mismo hace unos años: un joven pelado y bien vestido que desplegaba la bandera de marras ante su novia que lo esperaba sentada en la moto del idiota. Los neonazis son una minoría que ni siquiera puede entrar ya en muchos campos de futbol, de los que han sido excluidos en la que sea tal vez la única medida decente de verdad adoptada por los dirigentes deportivos. Como tal los tratan los magistrados. Una minoría en cuyo nombre no tiene sentido desproteger un bien jurídico como la libertad de expresión. Esperemos que tengan cintura para cambiar de opinión si las circunstancias lo requieren.

Otra pregunta: ¿es una bandera con la esvástica la expresión de una opinión?

Amigo, no te calles

Escribía hace un par de días Arcadi Espada en su célebre blog:

“Que hablen los negacionistas y también los del capirote, tan estéticamente parecidos, por cierto, a los desgarrados penitentes santeros. Ahora bien: una vez se hallen bien hablados, bien desahogados y bien descansados que intervenga la Justicia, si lo cree procedente. Cualquiera debe poder hablar, pero sabiendo que hablar no es gratis. A veces conferenciar pausadamente puede ser lo mismo que vocear la palabra «¡Fuego!» en un centro comercial iluminado por las vísperas navideñas. Hay que rendir cuentas de los delitos contra la verdad. Debe rendirlas el hombre y no el texto.”

Espada presenta de modo más mordaz lo que ya escribía hace poco T. G. Ash y que publicó El País el domingo:

“Among the essentials is freedom of expression, which has been eroded to an alarming degree, both by death threats from extremists and by misconceived pre-emptive appeasement [apaciguarlos de antemano] on the part of the state and private bodies.”

Lo que dice ya la Constitución Española, a saber, que no existe “censura previa”. Que la libertad de expresión es un principio que debe predominar sobre la eventual ofensa que podrían sentir algunos ciudadanos o sobre el daño que la expresión podría causa y que sólo se puede descubrir a posteriori, es lo que se ha aplicado en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional a la que se refiere Espada.

Este dictamen crea perplejidad entre la ciudadanía bienpensante. Fue clarificador el silencio de los contertulios en un, así llamado, magazine de tarde de la Cadena Ser, después de hablar con un profesor de Derecho Constitucional que les dio sobrados motivos que justificaban esta medida jurisprudencial. Los normalmente dicharacheros contertulios se callaron porque de pronto se dieron cuenta de su impotencia para acallar a los “malos”, a los que no les gustan, a los que no tienen más remedio que tolerar, esto es, dejarlos hablar y esperar a que hablen para saber si hay delito o indicios de. Porque vieron que no podían usar la ley en su provecho, que no podían sesgarla para que sólo los que concuerdan con ellos puedan expresar sus ideas y se haga un silencio, regulado por las fuerzas del orden, sobre el genocidio, en definitiva, para que las convicciones se mueran, como dice John Stuart Mill que sucede cuando dejamos de discutir sobre lo que creemos que es verdad. Necesitaríamos un abogado del diablo permanente, alguien como el tal Pedro Varela de la indecente Librería Europa en el corazón de Barcelona, para que no dejemos nunca de discutir sobre el genocidio y sobre el número de asesinados, y para que se vuelva a imponer lo que es cierto, a saber, que hubo un genocidio y que los que ahora lo niegan o lo justifican habrían sido cómplices del crimen si hubieran vivido en esa época.