La targeta sanitaria, patente de ciudadanía

Hay partidos políticos que parecen pensados para cambiar de opinión con el viento. Observamos así que el partido nacionalista e independentista Esquerra Republicana de Catalunya ha cambiado de rumbo en los últimos años con una periodicidad y asiduidad que tiene a sus bases tan desorientadas como satisfechas con las progresivas cuotas de poder que han ido consiguiendo en las últimas elecciones (un éxito en decadencia, por cierto). El último cambio de rumbo operado supone un abandono del esencialismo nacionalista en el reconocimiento de la ciudadanía. Según el último movimiento de su cabecilla, el ínclito Josep Lluís Carod-Rovira, son ciudadanos de Cataluña y, por tanto, podrían participar en un eventual referéndum por la independencia del territorio previsto, según este partido, para 2014, los que están vinculados administrativamente con la Generalitat de Catalunya. Los motivos del referéndum no nos interesan aquí, sobre todo porque son cuestiones sometidas a las coyunturas políticas a las que suelen ser tan sensibles los políticos, que viven en perpetuo vaivén sometidos al oleaje caprichoso de las mayorías y de las minorías, de los votos de más y de menos.

Lo interesante es que en el caso que efectivamente se pudiera hacer este referéndum que por ahora (y por muchos años) sólo es ficción, habría que determinar quién podría votar. Esta cuestión no suscita problemas en los Estados consolidados, pero sí en las, así llamadas, naciones sin Estado, que no disponen de certificados que acrediten la nacionalidad de sus ciudadanos, sino sólo su filiación en relación con el Estado del que justamente se quieren independizar. Además, dado que en el siglo XXI ya no sirven las explicaciones de índole étnica, cultural o lingüística, el vínculo administrativo se convierte en una patente de ciudadanía que cumple con los mínimos requisitos de inclusividad de las sociedades liberales en tanto que trata de antemano a los ciudadanos como iguales sin hacerlo en virtud de su ascendencia:

La entrevista con Carod (a cargo de Jordi Barbeta y Francesc Bracero) y la cita:

“¿A quién se convocará en ese referéndum?

A la Catalunya real. El elemento que identifica a sus miembros es la tarjeta sanitaria catalana, el único elemento que está por encima de nacionalidades, de ciudadanías.

¿Eso incluye a los inmigrantes, aunque no tengan legalizada su residencia en España?

Quiero dar el derecho a poder decidir el futuro del país de acogida a aquellos que hoy ya son catalanes de hecho, aunque legalmente quizás no lo sean de derecho. Sean árabes o latinos, africanos o chinos, podrán votar en el referéndum de independencia del 2014. Y estos 7,5 millones de catalanes ¿qué elemento tienen en común?: La tarjeta sanitaria. Claro que habría que fijar un periodo mínimo de residencia previa en el país para poder ejercer ese derecho.

¿Usted cree que el derecho de voto de los inmigrantes reúne el consenso en Catalunya?

Probablemente es uno de los problemas que tendremos que superar. La fecha del 2014 no fue improvisada. Tiene la ventaja de que nos queda tiempo suficiente para superar éste y otros obstáculos.

Parece que ya no le preocupan las esencias patrias.

No soy un especialista en esencias. A mí me gusta observar la realidad y, sobre todo, imaginarme el futuro. Lo que tenemos diferente estos siete millones y medio de catalanes es el pasado. Lo único que tenemos igual es el presente, y lo que más nos conviene es compartir el futuro.”

La propuesta parece un brindis al sol, pero en términos teóricos supone un desarrollo coherente del llamado “nacionalismo cívico”, es decir, el que defiende los derechos de una nación (si bien aquí habría que desarrollar en qué medida es Cataluña una nación y qué criterios adoptamos para atribuirle tal carácter) sin discriminar a los ciudadanos que habitan el territorio, antes bien con la intención de luchar por ampliar sus derechos y de luchar porque se satisfagan sus necesidades.

Esto podría ser lo que dice el bueno de Carod. Pero, como es sabido, los políticos hablan en lenguas que no son las de la razón ni las de la teoría ni las de la buena fe. De modo que ya podemos nosotros rompernos la cabeza para intentar entender lo que dicen y buscar ideas en sus discursos hueros, que no tardarán en refutarse y refutarnos con sus actos, sus volantazos y sus intereses partidistas.

Dicho esto, la idea parece buena y coherente con ciertos principios morales y con los derechos humanos. El referéndum como tal resulta una idea, cuando menos, absurda, pero sólo por la novedad que supondría dejar que los extranjeros votaran en igualdad con los indígenas, sólo por eso, ya valdría la pena vivirlo.