Peter Singer enseña algunas cosas interesantes en sus textos. Entre otras que cuando se trata de tomar decisiones sobre la vida y la muerte de seres humanos es usual que se sopesen argumentos utilitaristas, de modo que no sólo se argumenta a partir de principios (p. ej., el carácter sagrado de la vida), sino siguiendo consideraciones acerca de las consecuencias de adoptar según que cauces de acción.
Así, uno de los motivos para no mantener con vida (o matar) a los (presuntos) seres humanos nacidos sin cerebro es el enorme gasto que requiere mantenerlos en los hospitales, por no decir nada aquí del sufrimiento de los familiares, un sufrimiento que no puede ser aliviado más que con la desaparición de un ser que apenas merecería el calificativo de ser humano pues (siguiendo con el caso propuesto por Singer) no tiene ni posibilidad de sentir ni de prever ni de hacer planes ni de alegrarse por nada ni de perseguir sus objetivos.
Lo curioso es que en algunos casos se da el argumento contrario, a saber: no matar para evitar los gastos que esto comporta, de modo que en este caso el principio no matarás no se encuentra en oposición con el principio utilitarista, sino que van de la mano.
Al menos eso es lo que dice hoy la versión papel de
"The call to abolish the death penalty became an economic issue when the New Jersey Policy Perspective published a report in 2006: "Money for Nothing? The Financial Cost of New Jersey's Death Penalty."
It estimated the cost of the 1982 legislation at $253 million, owing to the cost of maintaining death row, providing legal counsel.
According to the report, the Legislature has appropriated between $2.3 million and $2.6 million annually to public defenders to cover the costs of representing defendants in capital-murder cases.
Housing inmates on death row cost the state $84,400 for each inmate, compared with $32,400 for inmates in the general population, according to the state Department of Corrections."
Dado que en este caso la derogación de la pena de muerte "sale más barata" que mantener a los presos en las mismas condiciones que aquellos que cumplen otros tipos de penas, el argumento basado en el rechazo a la muerte de personas se ve apoyado por consideraciones económicas.
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