Freedom requires religion just as religion requires freedom

Así de claro se expresa Mitt Romney, uno de los candidatos republicanos a la presidencia de los EEUU. La semana pasada conferenció con toda la parafernalia propia de los yanquis con la intención de atraer el mayor número posible de votos de los conservadores americanos suspicaces de su fe mormona. Ese parece ser que es su hándicap para ganar las elecciones. De ahí que su discurso, con el título “Faith in America”, fuera un canto a la unidad de los creyentes, sean estos de la fe que sean.

Destaca que, aunque acepta y no piensa vulnerar la tradición estadounidense de separación de Estado e Iglesia, defiende la presencia pública de la religión como elemento propio de la sociedad americana. Pero la afirmación le lleva a excluir a los ateos o increyentes o no creyentes del juego de la libertad. “La libertad es requisito de la religión del mismo modo que la religión es requisito de la libertad”. ¿Dónde quedan pues los ateos? Esos no le votan o, en todo caso, si han oído bien el mensaje, que sepan que la libertad, según el tal Romney, no va con ellos.

Algunos periodistas lo han comparado con JFK, que en un célebre discurso se defendió de los que lo atacaban por su catolicismo, y aprovechó para reconocer el derecho de todos los americanos a asistir o no a la iglesia:

“I believe in an America where religious intolerance will someday end--where all men and all churches are treated as equal--where every man has the same right to attend or not attend the church of his choice”

El discurso de JFK no sólo es más elegante, sino que en la distancia entre ambos se pone de manifiesto el auge de la tendencia teocrática en los EEUU. Por mucho que Romney se esfuerce en declarar su fidelidad a los principios de división entre iglesia y Estado, el discurso privilegia a los creyentes. Los ateos siguen siendo gente en la que no se puede confiar, pues no tienen asideros morales. De ahí que Dawkins y Dennet escriban libros tan gruesos que en la Europa continental nos parecen exagerados y obvios, mientras que los yanquis aún se escandalizan con el ateísmo, como señoras victorianas a las que se les suelta el refajo de tantas picardías como se cuentan a la hora del te.

La negación del genocidio

La negación de un hecho sin emitir juicios de valor tiene que ver, según los magistrados de los que hablaba en el anterior post, con la libertad científica, lo cual en nuestro caso se basa en el supuesto de que la historia es una ciencia (idea reconfortante tras tanta deconstrucción de los hechos e intertextualidad de los documentos). Sin embargo, la argumentación no se apoya en la libertad científica, sino en el vínculo que cabe establecer entre la negación del genocidio y la amenaza a las minorías. Según los magistrados no es posible establecer un vínculo semejante en el caso de la negación, pero sí en el de la justificación, de ahí que decidan la supresión de la primera y no la de la segunda. Consideran que la justificación raya con el discurso del odio el cual ha sido objeto de jurisprudencia europea y considerado de forma unánime como un uso injustificado de la libertad de expresión, o mejor, un uso de la libertad de expresión que no se atiene a su verdaderos fines, a saber, la discusión pública en la que no se amenaza a los individuos.

No hay duda de que para llegar a esta interpretación hay que entender la justificación de manera restrictiva. Es decir, justificar no es explicar, no es comprender, no es perdonar, sino que justificar se entiende aquí como dar pábulo, apoyar e incentivar. Como dice la sentencia la justificación equivale a “incitación indirecta”.

Los votos particulares en contra de la decisión son muy instructivos. Los más punzantes son los que se refieren justamente a las circunstancias sociales presentes en las que “no puede negarse el rebrote” de actitudes xenófobas o discriminadoras. Sostienen algunos de los cuatro magistrados que discrepan de la decisión mayoritaria que, con la declaración de inconstitucionalidad de la negación, España se aleja de la más reciente legislación europea al respecto, pretendiendo emular un modelo como el americano, en el que, por cierto, no hay antecedentes históricos que reclamen la protección de las minorías frente al discurso del odio, como sí existen, y no es necesario mencionarlos, en nuestro continente.

Otro de los argumentos ofrecidos en contra de la sentencia consiste en sostener que si se define la justificación como “incitación indirecta” (como dice Pascual Sala Sánchez), esta misma definición se podría aplicar a la negación, la cual sólo un ingenuo consideraría que pretende colaborar a la discusión histórica, ergo científica, sino que su naturaleza es política o, para no desprestigiar este término, delictiva.

Diletantismo constitucional

Me refería el otro día a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la negación del genocidio que se había introducido en el Código Penal (607.2) en 2003. Paso a citar algunos de los puntos de la sentencia.
En primer lugar lo que afirmaban las partes que consideran constitucional este artículo:

“La conducta sancionada por el art. 607.2 CP, consistente en difundir ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen el genocidio, no puede ser interpretada como una modalidad de apología del genocidio; no obstante, ambos defienden la constitucionalidad de dicho precepto por considerar que el derecho a la libertad de expresión no puede ofrecer cobertura a los mencionados comportamientos. A su modo de ver, la negación o justificación de un genocidio encierra un peligro potencial para bienes jurídicos de la máxima importancia y, por ello, no puede considerarse amparada por el derecho a la libertad de expresión. Dicho peligro potencial supondría, además, justificación suficiente para su punición, sin que ello supusiera confrontación alguna con el principio de intervención mínima propio del Derecho penal.

Esto es, a pesar de que el Derecho Penal parte del principio de intervención mínima y, por tanto, protege por norma el derecho a la libertad de expresión en los casos en los que este entra en conflicto con otros derechos, a pesar de esto, el peligro potencial que suponen las justificaciones y negaciones del genocidio justifican (valga la redundancia) que se limite la libertad de expresión. El debate es, pues, menos importante que el peligro. Un peligro que afecta a la estabilidad del sistema democrático así como a los derechos de las minorías religiosas, étnicas o raciales.

Frente a esta argumentación los magistrados que han apoyado la sentencia de inconstitucionalidad sostienen que

“nuestro ordenamiento constitucional no permite la tipificación como delito de la mera transmisión de ideas, ni siquiera en los casos en que se trate de ideas execrables por resultar contrarias a la dignidad humana”.

La palabra clave es “mera”, “mera transmisión”. Distinguen, pues, los magistrados entre transmitir una opinión y azuzar a alguien para que haga algo en contra de la dignidad humana. El argumento se basa en la superioridad de la Constitución sobre el Derecho Penal, debiendo éste estar siempre subsumido a aquella.
Sin duda este argumento depende de las circunstancias sociales. Cabe suponer que si existieran efectivamente colectivos que estuvieran amenazados por los negadores y existiera la posibilidad que estos colectivos fueran “incitados” a abandonar el país, entonces la jurisprudencia iría en otra dirección. La decisión depende pues del grado de estabilidad y paz social en la que se lleva a cabo la expresión de estas “ideas execrables”. A fin de cuentas, la Librería Europa lleva muchos años en Barcelona y la gente pasa pacíficamente por delante, e incluso puede entrar a discutir con el tal Pedro Varela y sólo verá a unos pocos neonazis entrar en la tienda y salir de ella desplegando una esvástica recién adquirida como tuve la oportunidad de contemplar yo mismo hace unos años: un joven pelado y bien vestido que desplegaba la bandera de marras ante su novia que lo esperaba sentada en la moto del idiota. Los neonazis son una minoría que ni siquiera puede entrar ya en muchos campos de futbol, de los que han sido excluidos en la que sea tal vez la única medida decente de verdad adoptada por los dirigentes deportivos. Como tal los tratan los magistrados. Una minoría en cuyo nombre no tiene sentido desproteger un bien jurídico como la libertad de expresión. Esperemos que tengan cintura para cambiar de opinión si las circunstancias lo requieren.

Otra pregunta: ¿es una bandera con la esvástica la expresión de una opinión?

Amigo, no te calles

Escribía hace un par de días Arcadi Espada en su célebre blog:

“Que hablen los negacionistas y también los del capirote, tan estéticamente parecidos, por cierto, a los desgarrados penitentes santeros. Ahora bien: una vez se hallen bien hablados, bien desahogados y bien descansados que intervenga la Justicia, si lo cree procedente. Cualquiera debe poder hablar, pero sabiendo que hablar no es gratis. A veces conferenciar pausadamente puede ser lo mismo que vocear la palabra «¡Fuego!» en un centro comercial iluminado por las vísperas navideñas. Hay que rendir cuentas de los delitos contra la verdad. Debe rendirlas el hombre y no el texto.”

Espada presenta de modo más mordaz lo que ya escribía hace poco T. G. Ash y que publicó El País el domingo:

“Among the essentials is freedom of expression, which has been eroded to an alarming degree, both by death threats from extremists and by misconceived pre-emptive appeasement [apaciguarlos de antemano] on the part of the state and private bodies.”

Lo que dice ya la Constitución Española, a saber, que no existe “censura previa”. Que la libertad de expresión es un principio que debe predominar sobre la eventual ofensa que podrían sentir algunos ciudadanos o sobre el daño que la expresión podría causa y que sólo se puede descubrir a posteriori, es lo que se ha aplicado en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional a la que se refiere Espada.

Este dictamen crea perplejidad entre la ciudadanía bienpensante. Fue clarificador el silencio de los contertulios en un, así llamado, magazine de tarde de la Cadena Ser, después de hablar con un profesor de Derecho Constitucional que les dio sobrados motivos que justificaban esta medida jurisprudencial. Los normalmente dicharacheros contertulios se callaron porque de pronto se dieron cuenta de su impotencia para acallar a los “malos”, a los que no les gustan, a los que no tienen más remedio que tolerar, esto es, dejarlos hablar y esperar a que hablen para saber si hay delito o indicios de. Porque vieron que no podían usar la ley en su provecho, que no podían sesgarla para que sólo los que concuerdan con ellos puedan expresar sus ideas y se haga un silencio, regulado por las fuerzas del orden, sobre el genocidio, en definitiva, para que las convicciones se mueran, como dice John Stuart Mill que sucede cuando dejamos de discutir sobre lo que creemos que es verdad. Necesitaríamos un abogado del diablo permanente, alguien como el tal Pedro Varela de la indecente Librería Europa en el corazón de Barcelona, para que no dejemos nunca de discutir sobre el genocidio y sobre el número de asesinados, y para que se vuelva a imponer lo que es cierto, a saber, que hubo un genocidio y que los que ahora lo niegan o lo justifican habrían sido cómplices del crimen si hubieran vivido en esa época.

La autoridad de saltarse la ley

La prensa mexicana, como es natural, está más atenta que nosotros europeos a la construcción del muro fronterizo por las autoridades de los EEUU. El 23 de octubre en El Universal periódico de calidad irregular, transcribía las declaraciones de Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interna estadounidense, a propósito de la reanudación de los trabajos de construcción de la barda, como la llaman ahí. La construcción se había detenido al plantearse dudas sobre los daños que el muro podría provocar a la fauna del cercano Parque Nacional de Arizona, por ejemplo, al impedir el libre desplazamiento de jaguares y otros animales.

Con la intención de evitar los “riesgos inaceptables” para la seguridad nacional de estos parones en la construcción del muro, Chertoff se apoyaba en los poderes especiales que le concede la REAL ID Act de 2005:

“Estamos tratando de respetar la parte sustancial del proceso ambiental y estamos utilizando la autoridad para saltarnos la ley donde pareciera que la gente simplemente intenta detenernos o frenarnos en nuestro trabajo lanzándonos obstáculos procesales”.

El soberano es, como se sabe, el que puede hacer leyes para ser más soberano aún, esto es, leyes para salvar las restricciones legales.

El argumento de la agencia federal consiste también en afirmar que los daños medioambientales causados por el paso de los inmigrantes y toda la mugre que dejan a su paso son aún peores que los que pueda causar la higiénica barda.

“speedy construction of the fence will help lead to control of the border and reduce trash and other environmental damage generated by illegal immigrant traffic”.

De eso “habla” también hoy El Roto.

La targeta sanitaria, patente de ciudadanía

Hay partidos políticos que parecen pensados para cambiar de opinión con el viento. Observamos así que el partido nacionalista e independentista Esquerra Republicana de Catalunya ha cambiado de rumbo en los últimos años con una periodicidad y asiduidad que tiene a sus bases tan desorientadas como satisfechas con las progresivas cuotas de poder que han ido consiguiendo en las últimas elecciones (un éxito en decadencia, por cierto). El último cambio de rumbo operado supone un abandono del esencialismo nacionalista en el reconocimiento de la ciudadanía. Según el último movimiento de su cabecilla, el ínclito Josep Lluís Carod-Rovira, son ciudadanos de Cataluña y, por tanto, podrían participar en un eventual referéndum por la independencia del territorio previsto, según este partido, para 2014, los que están vinculados administrativamente con la Generalitat de Catalunya. Los motivos del referéndum no nos interesan aquí, sobre todo porque son cuestiones sometidas a las coyunturas políticas a las que suelen ser tan sensibles los políticos, que viven en perpetuo vaivén sometidos al oleaje caprichoso de las mayorías y de las minorías, de los votos de más y de menos.

Lo interesante es que en el caso que efectivamente se pudiera hacer este referéndum que por ahora (y por muchos años) sólo es ficción, habría que determinar quién podría votar. Esta cuestión no suscita problemas en los Estados consolidados, pero sí en las, así llamadas, naciones sin Estado, que no disponen de certificados que acrediten la nacionalidad de sus ciudadanos, sino sólo su filiación en relación con el Estado del que justamente se quieren independizar. Además, dado que en el siglo XXI ya no sirven las explicaciones de índole étnica, cultural o lingüística, el vínculo administrativo se convierte en una patente de ciudadanía que cumple con los mínimos requisitos de inclusividad de las sociedades liberales en tanto que trata de antemano a los ciudadanos como iguales sin hacerlo en virtud de su ascendencia:

La entrevista con Carod (a cargo de Jordi Barbeta y Francesc Bracero) y la cita:

“¿A quién se convocará en ese referéndum?

A la Catalunya real. El elemento que identifica a sus miembros es la tarjeta sanitaria catalana, el único elemento que está por encima de nacionalidades, de ciudadanías.

¿Eso incluye a los inmigrantes, aunque no tengan legalizada su residencia en España?

Quiero dar el derecho a poder decidir el futuro del país de acogida a aquellos que hoy ya son catalanes de hecho, aunque legalmente quizás no lo sean de derecho. Sean árabes o latinos, africanos o chinos, podrán votar en el referéndum de independencia del 2014. Y estos 7,5 millones de catalanes ¿qué elemento tienen en común?: La tarjeta sanitaria. Claro que habría que fijar un periodo mínimo de residencia previa en el país para poder ejercer ese derecho.

¿Usted cree que el derecho de voto de los inmigrantes reúne el consenso en Catalunya?

Probablemente es uno de los problemas que tendremos que superar. La fecha del 2014 no fue improvisada. Tiene la ventaja de que nos queda tiempo suficiente para superar éste y otros obstáculos.

Parece que ya no le preocupan las esencias patrias.

No soy un especialista en esencias. A mí me gusta observar la realidad y, sobre todo, imaginarme el futuro. Lo que tenemos diferente estos siete millones y medio de catalanes es el pasado. Lo único que tenemos igual es el presente, y lo que más nos conviene es compartir el futuro.”

La propuesta parece un brindis al sol, pero en términos teóricos supone un desarrollo coherente del llamado “nacionalismo cívico”, es decir, el que defiende los derechos de una nación (si bien aquí habría que desarrollar en qué medida es Cataluña una nación y qué criterios adoptamos para atribuirle tal carácter) sin discriminar a los ciudadanos que habitan el territorio, antes bien con la intención de luchar por ampliar sus derechos y de luchar porque se satisfagan sus necesidades.

Esto podría ser lo que dice el bueno de Carod. Pero, como es sabido, los políticos hablan en lenguas que no son las de la razón ni las de la teoría ni las de la buena fe. De modo que ya podemos nosotros rompernos la cabeza para intentar entender lo que dicen y buscar ideas en sus discursos hueros, que no tardarán en refutarse y refutarnos con sus actos, sus volantazos y sus intereses partidistas.

Dicho esto, la idea parece buena y coherente con ciertos principios morales y con los derechos humanos. El referéndum como tal resulta una idea, cuando menos, absurda, pero sólo por la novedad que supondría dejar que los extranjeros votaran en igualdad con los indígenas, sólo por eso, ya valdría la pena vivirlo.

Verdades y mitos de la ecología: Se buscan lectores escépticos

El siglo XXI, hijo bastardo de la Ilustración, cree que aún es posible hacer frente a los mitos y lugares comunes en los que reposa nuestra confianza en que mañana saldrá el sol. Sin embargo, quedan siempre rincones por limpiar, estereotipos que se resisten al análisis crítico, creencias que, en definitiva, nos mantienen en vida y mantienen boyante una determinada imagen del mundo. Así, quien más quien menos, está convencido de que las reservas energéticas del mundo son escasas, de que los veranos son más cálidos cada año que pasa, de que la comida es de peor calidad y de que la humanidad está cavando alegremente su propia tumba. Es este uno de los pocos asuntos en los que coinciden las instituciones y la opinión pública. El acuerdo es unánime. No es extraño pues que se acoja con incomodidad cualquier intento de poner en tela de juicio al espíritu ecologista de nuestros tiempos. En esta línea se encuentra “El ecologista escéptico” de Bjorn Lomborg que lleva ya un par de años, desde su publicación primero en danés y luego en inglés (Cambridge University Press), levantando ampollas entre científicos, activistas y políticos ecológicos. Tanta discusión se debe al peculiar e irritante estilo de Lomborg que mezcla a partes iguales el espíritu científico y el provocador, derribando con uno lo que construye con otro.

Lomborg, fue director del Centro de evaluación medioambiental de Dinamarca (2002-2004) creado por el gobierno de Anders Fogh Rasmussen, y en la actualidad es profesor de la Escuelala Inquisición. El científico persigue la verdad contra viento y marea, como un mártir. Para que esta verdad sea más creíble, Lomborg se dotó, en El ecologista escéptico, de una apariencia bien científica: 500 páginas de texto, 100 de notas y 60 de bibliografía. Ni más ni menos. Un solo libro para demostrar lo ilusorio de la paranoia ecologista del presente. Además, la denuncia de Lomborg no es gratuita. Según él, si el mundo no va tan mal como parece, entonces no se deben dedicar tantos recursos a su conservación o a la prevención de supuestos males. Así, según sus cálculos, sería más barato paliar los efectos negativos de la emisión de CO2, que reducir sus emisiones como propone el Protocolo de Kyoto. En pocas palabras: Bush II tiene razón. de Negocios de Copenhague y del Centro para el Consenso de Copenhague, presenta una tesis diáfana (y por ello mismo sospechosa): las estadísticas sobre el estado del mundo referidas al hambre, a la deforestación, al agujero de ozono, a la desaparición de especies, a las reservas de energía fósil, etc., no han sido correctamente interpretadas por las diversas instituciones internacionales y organizaciones ecologistas. Con base en las mismas estadísticas, Lomborg concluye que el estado del mundo no es tan preocupante como creemos o nos han hecho creer, y que las medidas preventivas recomendadas por el pensamiento ecológico están destinadas a paliar un problema que no existe y que no es esperable que exista. Lomborg se presenta como el único tuerto en un mundo de ciegos, y afirma que los agoreros y tremendistas mensajes sobre el mal estado del mundo con que nos bombardean los medios de comunicación no han pasado el examen de la crítica. Para enfrentarse a los lugares comunes e indiscutidos del ecologismo se requiere, según Lomborg, un atrevimiento parejo al de los ilustrados ante el tribunal de la Inquisición. El científico persigue la verdad contra viento y marea, como un mártir (así se expresa él por teléfono). Para que esta verdad sea más creíble, Lomborg se dotó, en El ecologista escéptico, de una apariencia bien científica: 500 páginas de texto, 100 de notas y 60 de bibliografía. Ni más ni menos. Un solo libro para demostrar lo ilusorio de la paranoia ecologista del presente. Además, la denuncia de Lomborg no es gratuira. Según él, si el mundo no va tan mal como parece, entonces no se deben dedicar tantos recursos a la conservación o a la prevención de supuestos males. Así, según sus cálculos, sería más barato paliar los efectos negativos de la emisión de CO2, que reducir sus emisiones, como proopone el Protocolo de Kyoto. Algo con lo que el gobierno de Bush no puede más que estar de acuerdo.

Es probable que cualquier lector poco ducho en asuntos estadísticos o científicos se contagie del escepticismo lomborgiano ante el catastrofismo ecologista. Sin embargo, es difícil no poner en duda unos argumentos basados casi siempre en cierta opacidad estadística y en una retórica autocomplaciente y engañosa. De botón, tres muestras: “el descenso en la calidad del semen se debe al gran aumento en la frecuencia de los contactos sexuales en los últimos cincuenta años”; hoy hay más gente que muere de hambre que en el pasado pero constituyen un porcentaje menor del total; las organizaciones ecologistas publican únicamente los resultados que sustentan sus tesis. Sin comentarios.

No es extraño que el libro fuera recibido con animadversión. El debate tuvo lugar no sólo en Dinamarca, en donde se publicaron más de trescientos artículos en la prensa, sino también en foros científicos internacionales como la revista Scientific American. Los ataques procedieron de todos los frentes: numerosos científicos refutaron las conclusiones de Lomborg cuestionando el uso que hace de las fuentes y la lectura parcial y capciosa de las estadísticas, y los activistas medioambientales pusieron en tela de juicio las motivaciones políticas del autor.

En Dinamarca el debate llegó a las autoridades. El anuncio del nuevo gobierno conservador de crear un instituto encargado de valorar los costes de la prevención de riesgos medioambientales y la sospecha, finalmente corroborada, de que pensaban en Lomborg para dirigirla, llevaron a cinco ciudadanos, inspirados por la máxima de Kierkegaard, “¡Quiero honestidad!”, a presentar una denuncia de “deshonestidad científica” ante el Ministerio de Investigación. La comisión de científicos, inicialmente pensada para casos de bioética relacionados con el ámbito de la salud, se vio desbordada por la tarea: ¿puede mentir un científico? ¿Puede equivocarse? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es posible saber si Lomborg ha tergiversado los datos deliberadamente? ¿Es la estadística una ciencia propiamente dicha? La decisión final, ahora hace un año, un dechado de vaguedad, constataba que Lomborg había hecho un uso parcial de la información pero que su deshonestidad no había sido intencionada. Más tarde, Ministerio de ciencias danés revocó el fallo, y exigió la creación de una nueva comisión que revisara el caso sin caer en prejuicios políticos o en debilidades ideológicas. Lomborg, mientras tanto, pudo cantar victoria desde su despacho en Copenhague, y no dudó en afirmar que era víctima del espíritu inquisitorial de estos tiempos ecologistas, a los que se oponía desde una imparcial persecución de la verdad en la estela del pensamiento ilustrado que ahuyenta los mitos del presente. Un mártir de la causa neoliberal.

No obstante, lo de Lomborg no es tan novedoso. Su propuesta se enmarca en una larga tradición de críticos tecno-optimistas, como me comentó Joaquim Valdivielso del Departamento de Filosofía de la Universitat de les Illes Balears. Según este investigador, “Lomborg no ha entendido la cuestión ecológica y demuestra una gran incomprensión del reto que supone para las ciencias entender procesos complejos marcados por la interdependencia, la incertidumbre y las relaciones causales sistémicas”. Añade que “tras la aparente neutralidad ideológica de Lomborg, se oculta una fe fáustica en la tecnociencia y una defensa dolosa del establishment de negocios, instituciones, relaciones de poder y discursos que se beneficia y depende de que las cosas sigan igual”.

No es este el lugar ni alcanza mi competencia para rebatir las provocadoras tesis del enfant terrible danés. Prescindiendo de sus motivaciones políticas y de las de sus adversarios, la virtud del libro de Lomborg radica en su puesta en cuestión del pensamiento políticamente correcto de la ecología. El libro ya está en la plaza pública, los temas están servidos, es la hora de plantear el debate público. De debatir y de rebatir. Son muchos los que hubieran preferido que se callara, pero no son pocos los que querrán aprovecharse de su optimismo. Nuestro futuro y el de la Tierra, mientras tanto, andan en juego. O, cuando menos, eso parece.

Bjorn Lomborg, El ecologista escéptico, Espasa, 632 págs., trad. Jesús Fabregat Carrascosa.

Webs relacionadas con el “caso Lomborg

www.nepenthes.dk

www.vtu.dk

El pasado septiembre publicó un nuevo libro: Cool it - The Skeptical Envirommentalist's Guide to Global Warming, Marshall Cavendish. Y una reseña.