La Junta de Castilla y León escribe, en su apelación a la sentencia que exigía la retirada de los crucifijos de una escuela vallisoletana, que "la marcada secularización de los símbolos tradicionales de la religión católica acontecida en España en los últimos tiempos [...] impide una clara delimitación entre lo cultural, popular, histórico o artístico y lo religioso" y añade que "el Estado no puede mantener una especie de 'neutralidad aséptica' pues la propia tradición cultural española lo impide".
Por su parte, la asociación e-cristians sostiene que está "científicamente comprobado" que la "Religión protege a los jóvenes".
En la reciente sentencia que viene a matizar a la primera atendiendo a las apelaciones mencionadas, se busca un equilibrio entre el laicismo maximalista y la confesionalización del espacio público: "sólo mediante las limitaciones recíprocas de los derechos de todos se podrá hallar un marco necesario de convivencia". A saber, ni los anticlericales o ateos ni los nacionalcatólicos pueden ganar la partida, siendo la moderación entre ambos extremos la única solución que garantiza una convivencia razonable. La Constitución Española ofrece un buen criterio para alcanzar esta situación de equilibrio, dado que en ella se avanzaron los intereses, casi se díría que contradictorios, de las Españas en conflicto. Tanto el clero como los progresistas consiguieron imponer su doctrina, quedando artículos, como el dedicado a la educación, que garantizan los derechos de todos, sin garantizar los de nadie en concreto.
La sentencia concluye que "en aquellas aulas y para el curso escolar concreto en el que medie una petición de retirada de cualquier símbolo religioso o ideológico, petición materializada por los padres del alumno y la cual revista las más mínimas garantías de seriedad, deberá procederse a su retirada inmediata. Otro tanto deberá realizarse en los espacios comunes del centro educativo público. En aquellas aulas en las que cursen alumnos cuyos progenitores no hayan manifestado su contrariedad a la persistencia o colocación de aquellos símbolos, no se entiende que existe conflicto alguno y por lo tanto será procedente su mantenimiento o existencia".
La solución es, así pues, la de un modus vivendi, a saber, garantizar la coexistencia de los diversos, interviniendo sólo cuando alguien lo requiere. Frente a esto, la propuesta del gobierno de aplicar la sentencia Lautsi a todos los centros escolares, supone forzar la convivencia en nombre de una decisión de ámbito europeo que pretende unificar un paisaje religioso caracterizado por la diversidad de arreglos institucionales.
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