martes, 14 de octubre de 2008

Financiar las minorías

En pocos meses se iniciará la campaña del referéndum convocado en Suiza en contra de la construcción de minaretes. Los defensores de las esencias de Occidente se sienten mejor, sabiendo que sus colegas helvéticos mantienen el vigor para defender lo mejor de nuestra cultura. Pero, lamentablemente, el asunto no va por ahí, pues lo que deberían hacer esos supuestos defensores es averiguar qué es lo que realmente merece la pena defender. Descubrirían entonces que la libertad religiosa y el juicio informado son algunas de las instituciones y procedimientos que, éstos sí, valen su peso en oro.
El juicio informado permitiría distinguir entre el islam y el terrorismo, y ahuyentar las fáciles equivalencias entre ambos. En esta línea se expresaba el domingo pasado en un periódico suizo el presidente de la Federación de Organizaciones Islámicas de Suiza, Hisham Maizar, que, preguntado sobre si los musulmanes deberían recibir alguna financiación del Estado para informar sobre el verdadero islam, respondió: "Es una posibilidad opcional. De esta manera, los musulmanes podrían reforzar su comunicación con la sociedad. Esto sería bueno para Suiza. [...] Lentamente, Suiza debe reconocer que una minoría cada vez mayor no puede quedar desatendida, especialmente si los musulmanes aspiran a construir una casa de oración digna".
Es decir, la verdadera democracia no radica en que los ciudadanos puedan prohibir la construcción de minaretes (bajo el presupuesto falso de que no son únicamente un símbolo religioso sino también y sobre todo político, de ocupación), sino en que las minorías no se vean sometidas por la tiránica mayoría. Si eso requiere que, además, se repartan los impuestos entre las minorías para que todos puedan conocerlas mejor, es otra cuestión. Tal vez bastaría con no elevar barreras de participación y garantizar exenciones fiscales, como en los EEUU, porque en caso contrario se otorga un valor excesivo a lo que supuestamente sucede en los centros de oración, así como un poder de control al Estado que debilita su ya de por sí más bien endeble aspiración a la neutralidad.

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